La imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y prohibición de beneficios

Resumen

El presente artículo constituye un análisis sobre el carácter de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, todo ello debido a que en los últimos 30 años se ha venido produciendo una violación sistemática de los derechos humanos denominados de primera generación o de lesa humanidad, de hechos ocurridos en el mundo y en nuestro medio como consecuencia de la guerra interna fratricida que desangró a nuestro país. Pero esta problemática criminal no es un tema aislado, limitado a la realidad del pueblo peruano, sino que comprende a todo el orbe, como se aprecia en los innumerables procesos penales seguidos actualmente por la comisión de crímenes de esta naturaleza, los mismos que fueron cometidos en Sudamérica en las décadas de los ochenta y noventa del siglo que pasó.

Parte importante de este análisis es verificar la trascendencia que han tenido los tribunales y la legislación internacional en el éxito de la persecución y castigo de los ejecutores de estos injustos penales –—genocidio, tortura y desaparición forzada de personas—, en los que los sujetos activos tienen la condición de “empleados o funcionarios públicos que actúan con ese carácter”, de “personas que proceden a instigación de los funcionarios o empleados públicos”, de “personas en el ejercicio de funciones públicas”, de “agentes del Estado” o de “personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”.

Parte de nuestro tema es el análisis de la existencia de fallos judiciales y leyes que se han dictado a este propósito. Así pues, nos hemos propuesto analizar la efectividad de los tribunales en la persecución y castigo de los criminales, tomando como referencia lo sucedido en Argentina durante la dictadura militar de los años setenta, sucesos similares ocurridos también en Chile y Uruguay, para al final ocurrir en el Perú.

Un referente sobre la imprescriptibilidad de estos crímenes son los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, de cumplimiento obligatorio para el Estado Peruano, bajo el fundamento de que su investigación y sanción son de cumplimiento obligatorio, con el propósito de conocer la verdad de lo ocurrido.